El jueves pasado, el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Los abajo firmantes ya lo denunciamos y hemos tratado de trasladar, sin éxito, al Gobierno, a los partidos y a la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que, además, provoca los efectos contrarios a los pretendidos.
Desafortunadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha, a pesar de que hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Muy Honorable President de la Generalitat de Catalunya para comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado.
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en su dictamen, advirtió a todos los grupos parlamentarios y a los promotores de la ley, por lo que nadie debería sorprenderse de la resolución del TC.
Las reiteradas resoluciones contrarias, sin ir más lejos, hace unos días se anuló el Decreto Ley 37/2020 de refuerzo del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto Ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica, en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad.
Es hora de que, de una vez por todas, el Gobierno y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que solo provocan el efecto contrario, ya que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y más desconfianza.
Es necesario crear un marco adecuado, sereno, en el que todos los afectados puedan participar, en el que se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo una verdadera concertación público-privada de todos los implicados donde sea posible lograr el consenso necesario, y donde cada actor asuma su papel.
Se trata de que propietarios e inquilinos, que son quienes se mueven principalmente en el sector privado, resuelvan sus diferencias, pero también de que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler.
No podemos seguir por el mismo camino y salvar los obstáculos jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos-ley y decretos.
En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición a colaborar y participar en la implementación de medidas que sean realmente efectivas. No se puede escuchar únicamente las propuestas de ciertos movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que se debe tener en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña
Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia
Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña
Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE)
Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lérida
Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lérida (CAFBL)
Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña